El PP de Jumilla presenta una moción para impedir que el Gobierno de Sánchez desampare la discapacidad

La portavoz municipal ‘popular’, Seve González, ha avanzado que su grupo municipal llevará a Pleno una moción para “impedir que el Gobierno de Sánchez desampare a la discapacidad”. González, se refería así a los efectos que tendrá el anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo que regula los incentivos a la contratación laboral de personas con discapacidad.

La portavoz ha denunciado que el anteproyecto “deroga incentivos a lacontratación de personas con discapacidad y esto supone un recorte antisocial inadmisible”, por lo que “exigimos que al Gobierno de España que dé marcha atrás en esta tramitación que elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo”.

“Es un grave retroceso en los avances sociales conseguidos en los últimoscuarenta años entre todos los españoles ya que, con esta iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez, elaborada sin apenas diálogo con el sector social de la discapacidad, provocaría unos efectos devastadores para el empleo de millones de personas con discapacidad en nuestro país, nuestra región y nuestromunicipio”, ha lamentado González.“Entre todos debemos impedir que este anteproyecto de ley sigaadelante”, ha afirmado González, quién ha añadido que “han sido años de mucho trabajo para conseguir una sociedad inclusiva y el Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir adelante con su decisión de eliminar las bonificaciones paracontratar a personas con discapacidad”.

González ha afirmado que “el fin de estas ayudas abocaría a los centros especiales de empleo a su desaparición provocando unos efectos devastadores en la contratación y el futuro de millones de personas con discapacidad, queverían reducidas a casi nada sus opciones de encontrar un trabajo”. Por ello, el grupo municipal del partido popular además de pedir al Gobierno de Sánchez la retirada inminente de este anteproyecto también piden que, “antes de la tramitación de cualquier normativa que afecte a los derechos sociales conseguidos entre todos los españoles en los últimos 40 años, se produzca una ronda de diálogos y de acuerdos previos con el movimiento asociativo de la discapacidad y con las comunidades autónomas”.