El PSOE muestra su preocupación por la adjudicación del transporte sanitario en el Altiplano a una UTE conformada por empresas de fuera de la Región

La Diputada Yolanda Fernández, muestra su preocupación por la situación laboral en la que quedan los trabajadores de Jumilla y Yecla del transporte sanitario en el Área V del Altiplano

La Diputada Yolanda Fernández,  ha mostrado su preocupación por la resolución anunciada hace unos días sobre el contrato “Servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, en el que una UTE conformada mayoritariamente por empresas del sector de fuera de nuestra región ha sido adjudicataria del mismo.

Fernández reclama al Gobierno Regional y concretamente a la Consejería de Sanidad  “la revisión con carácter inmediato de la adjudicación, así como de los criterios de selección aplicados, es curioso que la UTE tenga más valoración en la puntuación de “juicio de valor”, que es una valoración más subjetiva de la comisión técnica y que esté por debajo del resto de empresas, en aquella valoración que es más objetiva que son los “criterios automáticos” según se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas,  situación ésta que deja fuera a las empresas murcianas del sector y que afecta a la totalidad de las nueve áreas de salud, entre las que se encuentra el Altiplano”.

La Diputada Regional ha asegurado “los trabajadores de Jumilla y Yecla que trabajan para la empresa que presta el servicio actualmente, alrededor de veinte, están muy preocupados y así nos lo han hecho saber, porque ven peligrar sus puestos de trabajo de igual forma que muchos otros repartidos por toda la región. Además, que esta situación puede afectar a la calidad del servicio, que hasta ahora se estaba prestando por empresas de la Región”.

“Nos consta el malestar que ha propiciado esta adjudicación y que las propias empresas afectadas van a emprender las oportunas acciones legales contra el mismo. Unas reclamaciones que apoyamos en toda su medida.”

“Nuevamente surgen dudas ante la adjudicación de un servicio público de emergencias,  como ya ocurrió con el “Teléfono Único de Emergencias  112”,  y que tantos problemas laborales les ha generado a los trabajadores y trabajadoras del mismo que tienen judicializado el asunto”.

“Por todo ello, exigimos al Gobierno de López Miras que ponga freno a esta situación, y garantice la transparencia en todo el proceso de adjudicación y que ofrezca seguridad a los trabajadores afectados”.