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UPA defiende la vigencia del sistema actual de derechos de plantación de viñedo

 
 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha apuntado a hoy viernes como una fecha clave para el futuro de la vitivinicultura europea. Tras la reunión del martes de todo el sector en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en dos días se reúne el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea que estudia la reforma del actual sistema de derechos de plantación de viñedo. UPA se manifiesta “rotundamente en contra” de modificar el sistema actual, pues tendría consecuencias terribles para el sector del vino y para el mundo rural en general.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se mostró el pasado martes  en contra de liberalizar los derechos de plantación y flexibilizar las normas para favorecer un incremento del potencial productivo, en la reunión que tuvo lugar ayer en Madrid con la presencia de representantes de todo el sector.

Mañana viernes, la Comisión Europea presentará una nueva propuesta de reglamentación, parece que más flexible, para los derechos de plantación de viñedo. Según diversas fuentes, la Comisión no descarta mantener un nuevo mecanismo de regulación del potencial de producción. El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, es partidario de confiar la gestión de los derechos de plantación a las organizaciones de productores y a las organizaciones interprofesionales -en el caso de los vinos con DOP e IGP- y a los propios agricultores o Estados miembros –en los demás vinos-.

En la reunión celebrada el martes  en el Ministerio de Agricultura y en la cual se abordó el futuro de los derechos de plantación de viñedo de cara a la reunión del próximo Grupo de Alto Nivel promovido por la Comisión Europea, UPA mantuvo su rechazo total a una liberalización de los derechos de plantación y a cualquier tipo de flexibilidad que supusiese un incremento del potencial productivo y una gestión de los derechos por parte de las interprofesiones u organizaciones de productores.

En la reunión se comentaron las dos primeras reuniones del Grupo de Alto Nivel sobre derechos de plantación de viñedo, una de ellas celebrada el 19 de abril y la otra el 6 de julio. En el contexto de dichas reuniones (en las que se partía de la propuesta actual en la reforma de la OCM, que plantea que a partir del 31 de diciembre del 2005, el régimen de derechos de plantación sería suprimido, con la posibilidad de que los Estados Miembros lo pudieran mantener hasta el 31 de diciembre de 2018), se produjeron en los últimos meses numerosas reacciones en contra de la liberalización de los derechos de plantación, entre ellas la avalada por 15 países de la Unión Europea, las del COPA-COGECA, del Parlamento Europeo y otras entidades y organizaciones, entre ellas UPA.

Los principales países productores de la UE (España, Francia, Italia y Alemania), están preparando un documento que plantea la aplicación del régimen de derechos de plantación a todas las categorías de vinos, incluidos los que no tienen indicación geográfica, aunque permitiría un aumento gradual del potencial de producción en cada Estado Miembro con el fin de responder a la demanda, dentro de unos límites establecidos a nivel de la UE y con la posibilidad de que los Estados puedan fijar sus prioridades a la hora de conceder nuevos derechos. Por otro lado, se armonizarían ciertas normas en la gestión de los derechos, aunque los Estados miembros determinarían libremente su organización nacional para la gestión de los derechos y de reserva a nivel nacional y regional.

Ante esta propuesta anunciada ayer por el Ministerio, UPA mantuvo su rotunda posición en contra tanto de admitir una gestión por parte de las organizaciones de productores como por las interprofesionales, defendiendo que toda la gestión referente deber seguir estando por parte de las administraciones públicas competentes.

También rechazó una ampliación del potencial productivo por países ya que ello supondría incrementos de producción y graves problemas en la renta de los viticultores ante los probables descensos en el  precio en la uva y en el vino, cuando además no existen ya los anteriores mecanismos de regulación del mercado que palien situaciones excedentarias; aparte de que no hay que olvidar que hace solamente un año los precios de la uva eran muy bajos y no cubrían apenas los costes de producción en numerosas regiones, situación que podría volverse a repetir en próximas campañas.

Además resultaría totalmente contradictorio que después de tres campañas de promover arranques de viñedo en la OCM, se pueda plantear un incremento del potencial productivo.  UPA considera que la postura del Ministerio debería ser la defensa del status actual en el sistema de gestión de derechos de plantación. UPA también hace constar  que aparte del apoyo de 15 países en favor del mantenimiento de los derechos de plantación, también se encuentra la actual posición del Parlamento Europeo en mantener dichos derechos hasta el año 2030.

 
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