Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías Renovables

ANPER, la asociación que representa al mayor número de productores de energía fotovoltaica, que son los primeros damnificados por la situación creada por el gobierno, ha estado sin embargo estas últimas semanas en un silencio expectante por respeto a la “negociación” que se estaba llevando a cabo entre el Ministerio y el resto de asociaciones.

Lo que el Ministerio puso ayer encima de la mesa supone mandar a la cola del paro a 60.000 trabajadores más y arruinar a 50.000 familias, creando un verdadero problema social. Sin contar con que terminarán de destruir un sector que hasta ahora era puntero en tecnología e inversión.

La reunión que mantuvo ayer el señor Ministro con las otras asociaciones del sector fotovoltaico (ASIF, APPA, AEF) acabó con las posturas más distanciadas si cabe que en la primera reunión, aunque parece que desde el Ministerio quieren conceder unos días más para reflexionar la propuesta final.

Dentro de los planteamientos del Ministerio estuvieron:

– ELIMINAR LA RETRIBUCIÓN “SINE DIE” establecida en el RD 661/07 (que según ese real decreto está garantizada durante toda la vida de la planta) y limitarla hasta 25 años, ampliable hasta 35 años a quienes se acogieran voluntariamente a una reducción de tarifa del 20%.

-No limitar la re-potenciación pero SÍ LIMITAR LAS HORAS A TARIFA –tanto para las instalaciones acogidas en el RD 661/07 como las acogidas en el RD 1578/08- según el PER 2005-2010 (1.250 horas para instalación fija y 1.644 horas para instalación con seguidor) y el resto se retribuiría a precio de pool. Ignorando la seguridad jurídica y primando claramente a las instalaciones más ineficientes.

Téngase en cuenta que, por un lado, el PER no es una ley, sino un plan o hoja de ruta publicada por IDAE que debería haber marcado la senda de crecimiento de las renovables durante ese período.

En el ordenamiento jurídico español, por encima de un plan de carácter no vinculante se encuentran un Real Decreto como son el RD 661/07 y el RD 1578/08, y muy por encima se encuentra la Ley 54/1997 del sector eléctrico. Por tanto, ningún Ministerio puede saltarse una Ley y dos Reales Decretos para querer aplicar “a posteriori” un plan no vinculante.

Sin embargo, según el Ministerio estas son las medidas que, en palabras del propio Ministro respetarían la “seguridad jurídica” en España porque constituirían una RETROACTIVIDAD PROPIA y garantizarían una rentabilidad razonable, cuando la realidad es que están proponiendo un recorte medio de la retribución de un 30% dejando al inversor con una rentabilidad muy por debajo de la razonable establecida claramente en la Ley del sector eléctrico 54/1997, y con un problema de liquidez que arruinará a 50.000 familias y terminará afectando nuevamente al sistema bancario español.

Además, si se llegasen a aplicar estas propuestas, los fondos de inversión internacionales penalizarían a España en todos los sectores, porque la falta de confianza en el ordenamiento jurídico dará lugar a una inevitable evasión de capital.

Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías Renovables

Por si eso fuera poco para terminar de destrozar el sector, el Ministerio propuso además para las instalaciones futuras una REDUCCIÓN DE LA TARIFA para suelo de un 65%, para techo de un 25% y 5% para instalaciones pequeñas a partir del precio establecido en la última convocatoria.

Esto supone dejar la retribución del suelo fotovoltaico por debajo incluso de la de la eólica (tecnología mucho más madura), quedando alrededor de 9,05 c€/kWh, cosa que no preocupa en absoluto al Ministro, quien expresó la voluntad de parar la inversión en suelo por completo.

Según el Ministerio, tampoco se mantendría el mecanismo de transferencia de potencia entre tipos de instalaciones establecido en el RD 1578/08, por lo que las instalaciones sobre cubierta no podrán beneficiarse del aumento de potencia que les supondría el hecho de que no se rellenasen los cupos en suelo. Definitivamente significa la eliminación del sector fotovoltaico en España, y el cierre de numerosas empresas que supondrán otros 60.000 puestos de trabajo perdidos (entre directos e indirectos).

Para terminar la burla a la legalidad, el Ministerio confirmó que suavizarían el borrador de RD que tenían previsto para perseguir el fraude (en palabras textuales: “dado que ellos no son la policía”), para que voluntariamente las plantas irregulares pasasen de la retribución del RD 661/07 a la de la primera convocatoria del RD 1578/08.

También se volvió a hablar de las medidas de calidad y simplificación administrativa, que ya se conocían en borrador desde marzo pero que nunca llegan a ponerse en marcha, del autoconsumo, y de evitar cambios de titularidad hasta dos años después de la conexión de la instalación para evitar especulación, que comparadas con las medidas anteriores constituyen un brindis al sol.

La Junta directiva de Anper, en representación de más de 10.000 productores de toda España, pero fundamentalmente de las comunidades de Madrid, Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra, Valencia, y Murcia, donde ANPER tiene organización propia, comunica su intención de llevar a cabo las siguientes acciones:

1.            Denunciar en tribunales nacionales e internacionales la inseguridad jurídica a la que nos tiene sometidos el Ministerio de Industria, así como la formalización de la queja que ya nos pidió a Agencia Europea de la Energía

2.            Denunciar la paralización del sector desde hace 6 meses por causa de la misma inseguridad jurídica

3.            Del mismo modo volveremos a lanzar la campaña a las embajadas de los países más afectados y a la prensa internacional para que estén al corriente dela falta de rigor y capacidad real del Ministerio de Industria para presentar una oferta coherente y no retroactiva al sector. Entendiendo por retroactividad que no va a haber ni recorte de horas retribuidas ni bajada de tarifa.