UPA exige que en las elecciones en el campo se garantice el voto personal y directo de los agricultores

Según Arias Cañete, en Septiembre habrá borradores de la Ley de Representatividad, la Ley de la Cadena Alimentaria y la Ley de Concentración de la Oferta.

UPA reclama celeridad en la tramitación de los Proyectos de Ley que han de fortalecer la posición del sector agrario en sus relaciones comerciales y con el mercado y las máximas garantías democráticas y de participación en la Ley de Representatividad.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) asistió ayer, junto a Asaja y Coag, a la primera reunión del Comité Asesor Agrario que, presidido por el Ministro Miguel Arias Cañete, ha servido para que éste exponga las líneas generales de las principales Leyes en las que trabaja el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En relación a la Ley de Representatividad, Arias Cañete ha informado de su intención de convocar un proceso electoral de ámbito estatal en el primer trimestre de 2013 para lo cual presentará un borrador del texto de la Ley el próximo otoño. No obstante el Ministro ha confirmado también que tiene problemas para definir el censo de electores, que pretende alterar con respecto al utilizado hasta ahora en los procesos a Cámaras Agrarias celebrados en las Comunidades Autónomas incluyendo en él a personas cuyos ingresos agrarios supongan un porcentaje (aún por determinar) de su renta total.

El Ministro ha reconocido también dificultades para implementar el proceso electoral, sugiriendo la utilización de procedimientos de voto telemáticos o el establecimiento de una mesa electoral a nivel provincial.

Ante ello, el Secretario General de UPA, Lorenzo Ramos, criticó la idea de modificar el censo, apostando por que esté compuesto por los agricultores y ganaderos profesionales inscritos en el respectivo régimen de la Seguridad Social y ha exigido que el proceso electoral cuente con las máximas garantías para que el voto sea ejercido de forma personal y directa, lo que requiere de mesas electorales en todos los pueblos, y desde luego con todas las garantías que establece la Ley Electoral General.

“No se entendería poner en marcha una Ley de representatividad y convocar un proceso electoral que no facilite a los profesionales ejercer de forma personal y directa su derecho al voto”, ha declarado Lorenzo Ramos.

En cuanto a la Ley de Concentración de la Oferta, el titular de Agricultura anunció que en sus líneas generales establecerá la creación de un registro nacional de entidades asociativas y que éstas tendrán preferencia para recibir apoyos e incentivos para mejorar la comercialización de sus productos. El objetivo es que esta Ley sea tratada en el Consejo de Ministros del 14 de septiembre para ser remitida al Parlamento como Proyecto de Ley y con anterioridad se realizarán consultas al sector.

El Secretario General de UPA ha señalado la necesidad de la Ley para fortalecer la posición de la producción en la cadena comercial a través de sus entidades asociativas y ha señalado también la conveniencia de que en ella queden establecidas las tareas a las que los distintos agentes asociativos se deben dedicar en exclusiva, que es vender mejor los productos agrarios para conseguir mayor renta para los agricultores y ganaderos.

Finalmente tampoco ha sido entregado un borrador de la que a juicio de UPA es la Ley más urgente y que con mayor insistencia venimos reclamando desde UPA y por los profesionales del sector agrario: La Ley de la Cadena Agroalimentaria. No obstante Arias Cañete ha anunciado la presentación de un borrador en septiembre, que pretende sea abordado en el Consejo de Ministros del 28 de ese mismo mes y que será una Ley ambiciosa, que planteará contratos obligatorios con precio para todos los productos.

Ante ello, Lorenzo Ramos ha pedido con urgencia su tramitación para actuar sobre los precios que perciben agricultores y ganaderos, en muchos casos inferiores a los costes de producción y sobre los márgenes comerciales abusivos. Asimismo ha resaltado la necesidad y urgencia de la puesta en marcha de mecanismos de mediación potentes y ágiles que actúen cuando se incumpla un contrato, sobre todo en productos perecederos. “No podemos esperar más esa figura –ha manifestado- porque el paquete lácteo establece que el 3 de octubre los contratos serán obligatorios y en esa fecha los ganaderos deben estar protegidos ante los incumplimientos.”