ÚLTIMA HORA: El Rey Juan Carlos I comunica a su hijo su decisión de trasladarse fuera de España

Juan Carlos I ha comunicado a su hijo el Rey Felipe VI que ha decidido abandonar España y dejar de vivir en la Zarzuela. En un comunicado hecho público por la Casa Real, el rey emérito asegura que abandona el país “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada” y que lo hace con el objetivo de que Felipe VI puede realizar sus funciones “desde la tranquilidad y el sosiego” que requiere su alta responsabilidad.

La decisión del rey emérito se produce tras las investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales de Juan Carlos I. El abogado del rey emérito ha hecho público también un comunicado en el que asegura que a pesar de la salida de Juan Carlos I de España, su cliente está a disposición a disposición del ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna.

Esta medida anunciada ahora se hace pública cuatro meses después de que Felipe VI tomara, el pasado 15 de marzo, su decisión más dolorosa: privar a su padre de la asignación de casi 200.000 euros anuales que percibía de los fondos públicos, mientras renunciaba a cualquier herencia que pudiera corresponderle de sus cuentas en el extranjero. Más allá de las dudas que suscitaba la decisión —no puede renunciarse a una herencia hasta que fallece quien hace el legado—, su significado estaba claro: el Rey rompía amarras con su padre, que ha encarnado la instauración de la Monarquía constitucional en España.

Los problemas para Juan Carlos I comenzaron en verano de 2018 cuando agentes de la Policía Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa entraron a registrar la gestora de fondos de Arturo Fasana. En aquel registro, Bertossa halló dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen; y la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI.

Cuando se hizo pública esta noticia en marzo de 2020, el actual jefe de Estado anunció que renunciaba a la herencia de su padre y comunicó que un año antes Corinna Larsen había enviado una carta a la Zarzuela informándole de que el nombre del actual Rey aparecía, junto a los de sus hermanas, como beneficiarios de esa fundación. Desde Casa Real se tomó la decisión de informar al Gobierno y acudir a un notario para rechazar cualquier dinero de estas cuentas.

La investigación suiza reveló que Arturo Fasana ingresó el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum en la banca privada Mirabaud 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Cuatro años después, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe de Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Bertossa embargó las cuentas de los sospechosos y abrió una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creación de la estructura y en la recepción del dinero.

El rey emérito no está siendo investigado, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro. La información enviada por Suiza a las autoridades judiciales españolas ha arrojado dudas sobre conductas del rey emérito posteriores a junio de 2014, cuando perdió el blindaje de la inviolabilidad. Aunque ya sea imputable, el rey emérito está aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió a principios de junio que la Fiscalía del alto tribunal asumiera el caso. Esta fase de la investigación debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer algún delito desde que dejó el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen ilícito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda pública superior a 120.000 euros).