Audio entrevista Pedro Lencina parte 1

Audio entrevista Pedro Lencina parte 2

Estos daños no solo se reflejaran en las cosechas de este año, sino en el de próximos años, ya que los efectos en madera son cuantiosos.

Días después de la tormenta con granizo caída en nuestro termino, el Presidente Regional de COAG  Pedro Lencína, ha hecho balance de las perdidas ocasionas para nuestra agricultura en el programa “La Mañana en Jumilla” de la Cadena Cope.

Los daños evaluados por los servicios técnicos de COAG Jumilla asciende a unos 40 millones de euros (6.640 millones de pesetas)
Las Pedanías Altas de Lorca y el municipio de Caravaca de la Cruz sufren un grave problema para la alimentación del ganado ovino debido al arrastre de las rastrojeras por la lluvia.
En Águilas, la tromba de agua que todavía sigue cayendo, está impidiendo el uso de todas las carreteras y caminos, por lo que todavía no conocemos los daños en agricultura que sin duda serán importantes.
Es hora de que las Administraciones arbitren ayudas para intentar paliar las pérdidas ocasionadas a agricultores y ganaderos.
Como ya conocen, el pasado viernes 13 de agosto se produjeron en varias zonas y parajes del término municipal de Jumilla diferentes y abundantes lluvias acompañadas de gran cantidad de granizo, de varias dimensiones y tamaño, que ocasionó numerosos daños tanto en los cultivos agrícolas como en sus infraestructuras, ya que estuvieron acompañadas por un fuerte viento lo cual agravó si cabe más todavía los daños.
La fuerte tormenta recorrió el término municipal de Jumilla de Noroeste a Sureste, abarcando un área de unas 19.000 hectáreas de superficie total, concretamente desde los términos municipales de Ontur y Albatana, de la provincia de Albacete, hasta los términos municipales de Cieza y Abarán.
La zona de paso de la tormenta produjo numerosos daños por pedrisco y por arrastre, siendo el pedrisco en la zona central de paso de gran tamaño, dejando una afección en los cultivos de hasta el 100% de daños, considerándose algunos de ellos no recuperables, sobre todo en aquellas plantaciones jóvenes que se han visto seriamente dañadas en madera.
La zona donde se localiza los daños los cultivos de frutales de riego y el viñedo de vinificación es la más afectada, siendo si cabe los cultivos más perjudicados por el estado de recolección de los mismos. Destacar los frutales de peral y melocotonero como muy afectados, ya que es en la zona de riego de Jumilla donde la cuantía de pérdidas es más elevada.
Los parajes afectados son Cañada de Albatana, Cañada de Ontur, El Llano, Navazo, Salero del Águila, Casa Portal, El Gaitán, Hoya de la Sima, Ceja, Bodeguillas, Pedrera, Puntillas, Pino Doncel, Sierra las Cabras, Viso, Omblancas, Alquería, Morrón, Salinas, Pinosa, El Prado, Alberciales, La Traviesa, Cañada del Judío, Herrada del Tollo, Santa Ana, Buitrera, Alamos, Chulanes, Sierra Larga, Hornillo, Algunzarejo, Puerto, Encebras, Estrecho Marín y Román entre otros.
Los cultivos afectados son, en orden de cuantía de pérdidas, los frutales de riego como el peral, melocotonero, ciruelo y albaricoquero, tanto daños en madera como en frutos y la uva de vinificación, olivo, almendro y parral de uva de mesa tanto daños en cosecha como en madera, con plantaciones de todos los cultivos en algunos casos irrecuperables.
La superficie de cultivo agrícola afectado es de unas 5.500 hectáreas, de las cuales 2.500 hectáreas son de frutales de riego, 1.300 hectáreas de cultivo con daños en madera y frutos todavía no recolectados como pera, melocotón y ciruela, y unas 1.200 hectáreas con daños en madera de grado 1 y 2, superficie ya recolectada o plantaciones jóvenes. El valor de daños estimado para estos cultivos asciende a unos 33.510.000 euros (5.562 millones de pesetas) 
La superficie de uva de vinificación asciende a unas 1.700 hectáreas con un valor en daños y pérdidas de 1.147.500 euros (190 millones de pesetas). Otros cultivos afectados, olivos, almendros y resto pueden ascender a unas 1.300 hectáreas de cultivo, con un valor de pérdidas de 3.160.000 euros  (525 millones de pesetas)
Por tanto, el valor total de pérdidas en producción, daños en cultivos e infraestructuras por arrastre de aguas estarían estimados en torno a 39 / 40 millones de euros, unos 6.640 millones de pesetas.
De otro lado, tal y como les habíamos informado, en las Pedanías Altas de Lorca, también se han producido daños importantes por la granizada, tanto en plantaciones de tomate y otras hortalizas, como la sandía, como en la uva de vinificación que, en este caso, pertenece a la D.O. Bullas.
Posteriormente, hemos constatado la pérdida de miles de hectáreas de rastrojeras, esenciales para la alimentación del ganado ovino, tanto en las Pedanías Altas de Lorca como en Caravaca de la Cruz, por lo que los problemas para los ganaderos serán importantes debido al alto precio en esta campaña del cereal como de la paja, imprescindibles para la alimentación de dicho ganado ovino existente en las zonas señaladas y de tanta importancia social.
Las lluvias se siguen produciendo en gran parte de nuestra Región y, en Águilas, la tromba de agua que todavía sigue cayendo, está impidiendo el uso de todas las carreteras y caminos, por lo que el tránsito es imposible lo que hace que todavía no conozcamos los daños en agricultura, que sin duda serán importantes.
Por todo ello, desde COAG Murcia creemos que ya es hora de que las Administraciones, tanto central como autonómica, arbitren el tipo de ayudas para intentar paliar las pérdidas ocasionadas a agricultores y ganaderos.

Otros temas, como el Plan de Ordenación del Territorio en el Altiplano, fueron tratados por el Presidente regional de GOAG Iniciativa Rural. 

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La inclusión de un amplio territorio rural de Jumilla en la categoría de zonas con especial interés paisajístico, supone el condicionamiento, cuando no la prohibición, en el desarrollo de prácticamente todas las actividades y equipamientos de interés económico

En relación al documento de Directrices de Ordenación y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano, COAG Jumilla quiere transmitir la preocupación causada por la inclusión de amplísimas zonas de este territorio dentro de la figura de “Suelos de Protección por alto interés paisajístico” lo que, al imponer una serie de restricciones muy importantes a los posibles usos económicos de estos territorios, limitará seriamente sus posibilidades futuras de desarrollo y, por consiguiente, su capacidad de mantenimiento de la población en esos entornos rurales, contribuyendo decisivamente al abandono y la desertización de zonas como La Alberquilla, Cañada del Trigo, La Torre del Rico, Raspay, etc.

No se llega a comprender cómo, en una comarca con grandes superficies de monte sobre las que habitualmente se aplica ya alguna figura de protección ambiental, se quieran ampliar ahora, de una manera tan importante por su extensión las superficies con limitaciones en su uso, hasta tal punto que pueda estrangularse el desarrollo futuro de éstas y, por consiguiente, de la población rural en ellas residente.

Así, algunas de estas zonas afectadas (como las mencionadas anteriormente) se corresponden con áreas donde existen pequeños núcleos rurales de población, junto a cierta población diseminada, y otras se corresponden con zonas que tradicionalmente han tenido un aprovechamiento agrícola y ganadero, todas ellas fuera de las mencionadas áreas forestales de la comarca.

La inclusión de las mismas en la citada categoría de zonas con especial interés paisajístico supone el condicionamiento, cuando no la prohibición, en el desarrollo de prácticamente todas las actividades y equipamientos de interés económico (incluso se habrá de condicionar y supervisar, en relación a unos principios que actualmente se desconocen, el desarrollo de la propia actividad agropecuaria tradicional en la zona), y la imposibilidad de la implantación de nuevas viviendas fuera de lo que son estrictamente los núcleos rurales de estas zonas.

Ello supone acabar con las posibilidades de desarrollo que se habían abierto en los últimos años en estas pedanías, donde la construcción de estas viviendas familiares había permitido la llegada a estos territorios de nueva población y nuevas familias que, en cierta medida, había comenzado a revitalizar económica y socialmente las mismas.

Desde COAG Jumilla entendemos que estas pequeñas construcciones diseminadas, que siguen además un modelo de poblamiento tradicional en la zona, en modo alguno tienen por qué afectar negativamente al paisaje circundante, sino que, si se siguen determinadas pautas constructivas para la integración de estos elementos en este paisaje, contribuirán, por el contrario, al enriquecimiento de éste.

Los 27 Programas Nacionales Apícolas de los Estados Miembros disponen en la actualidad de 26,3 millones de euros anuales para el período 2008-2010

La decisión adoptada por la Comisión Europea y aprobada en el Comité de Gestión de la UE para la Organización Común e Mercados agrícolas supone un incremento de 5,7 millones de euros anuales  y un total de 17,1 millones de euros para los próximos tres años.

España, que recibe el mayor porcentaje de ayudas (17,55 % del total), al contar con 2.459.373 colmenas y 5.343 apicultores profesionales, percibirá 16,5 millones de euros de la UE durante los años 2011 a 2013, repartidos en anualidades de 5.5 millones euros, lo que supone un incremento del 14,54 % respecto al período 2008-2010 con un importe asignado total de 14,1 millones de euros

Madrid, 20 de julio 2010. Para COAG el incremento y aprobación reciente del presupuesto de los 27 Programas Nacionales Apícolas de los Estados miembros de la UE para el período 2011-2013 por parte de la Comisión Europea es muy positiva, convirtiéndose en un claro reconocimiento por parte de las instituciones comunitarias del importante papel, cada día más imprescindible ante el creciente impacto del cambio climático, que desempeña la apicultura europea para la mejora y el mantenimiento de la biodiversidad a través de la polinización que realizan las abejas melíferas en el medio natural y en los cultivos, siendo esta actividad ganadera uno de los modelos de producción sostenible que se precisan consolidar al fijar población y  empleo rural en zonas desfavorecidas y remotas de la UE.

Para el responsable del sector apícola de COAG, José Luis González, “el denominado “síndrome de despoblamiento o desabejamiento” que padece la apicultura europea y española desde la primavera de 2005 -que ha elevado la mortalidad de colmenas en España hasta el 25 % (con picos del 40 %) frente a una mortandad natural del 5 al 12 % anual por explotación- obliga a la Unión Europea y a los Estados miembros a potenciar la preservación de las abejas melíferas y a dotar de apoyos públicos suficientes a los apicultores profesionales que las manejan, garantizando así el mantenimiento de una cabaña apícola europea que permite ofrecer productos apícolas de gran calidad a los consumidores y que al mismo tiempo sea capaz de asegurar en el  medio natural el mayor equilibro ambiental posible”.

Sin embargo, desde COAG se pide a la Comisión Europea que debe vigilar para que los 27 Estados Miembros apliquen en sus respectivos países la mayor transparencia en la ejecución y justificación de estas ayudas en las líneas básicas de actuación de los Programas Nacionales Apícolas (formación y asistencia técnica, lucha contra la varroosis, racionalización de la trashumancia, análisis de la miel, repoblación de la cabaña apícola e investigación aplicada) contando con la cooperación y participación con el propio sector que se establece en el art. 109 del Reglamento 1234/2007 del Consejo. En este sentido, COAG exige al MARM que al igual que en 2008 traslado a las OPAS y Cooperativas la ejecución presupuestaria total y por líneas de actuación del PNA desarrollada por cada Comunicad Autónoma, lo haga también en 2009 y 2010, criterio de transparencia que el MARM ha venido utilizando desde 1998 en que comenzó la aplicación de estas ayudas comunitarias en nuestro país.

ANPER, la asociación que representa al mayor número de productores de energía fotovoltaica, que son los primeros damnificados por la situación creada por el gobierno, ha estado sin embargo estas últimas semanas en un silencio expectante por respeto a la “negociación” que se estaba llevando a cabo entre el Ministerio y el resto de asociaciones.

Lo que el Ministerio puso ayer encima de la mesa supone mandar a la cola del paro a 60.000 trabajadores más y arruinar a 50.000 familias, creando un verdadero problema social. Sin contar con que terminarán de destruir un sector que hasta ahora era puntero en tecnología e inversión.

La reunión que mantuvo ayer el señor Ministro con las otras asociaciones del sector fotovoltaico (ASIF, APPA, AEF) acabó con las posturas más distanciadas si cabe que en la primera reunión, aunque parece que desde el Ministerio quieren conceder unos días más para reflexionar la propuesta final.

Dentro de los planteamientos del Ministerio estuvieron:

• ELIMINAR LA RETRIBUCIÓN “SINE DIE” establecida en el RD 661/07 (que según ese real decreto está garantizada durante toda la vida de la planta) y limitarla hasta 25 años, ampliable hasta 35 años a quienes se acogieran voluntariamente a una reducción de tarifa del 20%.
• No limitar la re-potenciación pero SÍ LIMITAR LAS HORAS A TARIFA –tanto para las instalaciones acogidas en el RD 661/07 como las acogidas en el RD 1578/08- según el PER 2005-2010 (1.250 horas para instalación fija y 1.644 horas para instalación con seguidor) y el resto se retribuiría a precio de pool. Ignorando la seguridad jurídica y primando claramente a las instalaciones más ineficientes.

Téngase en cuenta que, por un lado, el PER no es una ley, sino un plan o hoja de ruta publicada por IDAE que debería haber marcado la senda de crecimiento de las renovables durante ese período.

En el ordenamiento jurídico español, por encima de un plan de carácter no vinculante se encuentran un Real Decreto como son el RD 661/07 y el RD 1578/08, y muy por encima se encuentra la Ley 54/1997 del sector eléctrico. Por tanto, ningún Ministerio puede saltarse una Ley y dos Reales Decretos para querer aplicar “a posteriori” un plan no vinculante.

Sin embargo, según el Ministerio estas son las medidas que, en palabras del propio Ministro respetarían la “seguridad jurídica” en España porque constituirían una RETROACTIVIDAD PROPIA y garantizarían una rentabilidad razonable, cuando la realidad es que están proponiendo un recorte medio de la retribución de un 30% dejando al inversor con una rentabilidad muy por debajo de la razonable establecida claramente en la Ley del sector eléctrico 54/1997, y con un problema de liquidez que arruinará a 50.000 familias y terminará afectando nuevamente al sistema bancario español.

Además, si se llegasen a aplicar estas propuestas, los fondos de inversión internacionales penalizarían a España en todos los sectores, porque la falta de confianza en el ordenamiento jurídico dará lugar a una inevitable evasión de capital.

• Por si eso fuera poco para terminar de destrozar el sector, el Ministerio propuso además para las instalaciones futuras una REDUCCIÓN DE LA TARIFA para suelo de un 65%, para techo de un 25% y 5% para instalaciones pequeñas a partir del precio establecido en la última convocatoria.

Esto supone dejar la retribución del suelo fotovoltaico por debajo incluso de la de la eólica (tecnología mucho más madura), quedando alrededor de 9,05 c€/kWh, cosa que no preocupa en absoluto al Ministro, quien expresó la voluntad de parar la inversión en suelo por completo.

Según el Ministerio, tampoco se mantendría el mecanismo de transferencia de potencia entre tipos de instalaciones establecido en el RD 1578/08, por lo que las instalaciones sobre cubierta no podrán beneficiarse del aumento de potencia que les supondría el hecho de que no se rellenasen los cupos en suelo. Definitivamente significa la eliminación del sector fotovoltaico en España, y el cierre de numerosas empresas que supondrán otros 60.000 puestos de trabajo perdidos (entre directos e indirectos).

Para terminar la burla a la legalidad, el Ministerio confirmó que suavizarían el borrador de RD que tenían previsto para perseguir el fraude (en palabras textuales: “dado que ellos no son la policía”), para que voluntariamente las plantas irregulares pasasen de la retribución del RD 661/07 a la de la primera convocatoria del RD 1578/08.

También se volvió a hablar de las medidas de calidad y simplificación administrativa, que ya se conocían en borrador desde marzo pero que nunca llegan a ponerse en marcha, del autoconsumo, y de evitar cambios de titularidad hasta dos años después de la conexión de la instalación para evitar especulación, que comparadas con las medidas anteriores constituyen un brindis al sol.

La Junta directiva de Anper, en representación de más de 10.000 productores de toda España, pero fundamentalmente de las comunidades de Madrid, Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra, Valencia, y Murcia, donde ANPER tiene organización propia, comunica su intención de llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Denunciar en tribunales nacionales e internacionales la inseguridad jurídica a la que nos tiene sometidos el Ministerio de Industria, así como la formalización de la queja que ya nos pidió a Agencia Europea de la Energía
2. Denunciar la paralización del sector desde hace 6 meses por causa de la misma inseguridad jurídica
3. Del mismo modo volveremos a lanzar la campaña a las embajadas de los países más afectados y a la prensa internacional para que estén al corriente dela falta de rigor y capacidad real del Ministerio de Industria para presentar una oferta coherente y no retroactiva al sector. Entendiendo por retroactividad que no va a haber ni recorte de horas retribuidas ni bajada de tarifa.

Tras las últimas lluvias, la asfixia radicular está perjudicando gravemente el normal funcionamiento de la campaña del melón verde del Campo de Cartagena

Hasta ahora, la campaña estaba siendo normal, con una cotización buena en origen, oscilando entre los 0,40 y 0,50 €/Kg.

Como “nunca llueve a gusto de todos”, que dice el dicho, las últimas lluvias caídas en el Campo de Cartagena, tal y como nos temíamos, están perjudicando el normal funcionamiento de la campaña del melón verde (Piel de Sapo), que hasta ahora estaba siendo normal, con unas cotizaciones en origen buenas, que oscilaban entre los 0,40 y 0,50 €/Kg.

Lo que está sucediendo es que el exceso de humedad está produciendo asfixia radicular (además de otras afectaciones de hongos), lo que ha frenado el crecimiento y maduración de los melones de tal manera que puede conducir, a corto plazo, a que se produzca un desabastecimiento en los mercados.

El sector productor está preocupado por esta situación, lo que también ha comenzado a suceder con los compradores que ven como la relación con los mercados se puede complicar.

COAG considera imprescindible la creación de un “nuevo “sistema de gestión de crisis-grave” para afrontar las fuertes caídas de precios.

La gestión y prevención de las crisis en el marco de la OCM de frutas y hortalizas se está mostrando absolutamente ineficaz para evitar la volatilidad de las cotizaciones del sector productor ante la entrada sin control de producciones de terceros países.

En la actualidad, las organizaciones interprofesionales no pueden hacer frente a la gestión de los mercados debido a las restricciones normativas y a las consideraciones de las autoridades de competencia.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera imprescindible la creación de un nuevo sistema de crisis-grave para afrontar las fuertes caídas de precios en el sector hortofrutícola. Dicho sistema deberá situarse al margen de los Programas Operativos de las  Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), contar con financiación pública al 100%, ser ágil, universal y accesible a todos los agricultores y su activación deberá ser automática.

Así lo pusieron de manifiesto más de un centenar de agricultores, procedentes de las diferentes regiones productoras, que durante la semana pasada se dieron cita en la localidad murciana de Águilas con motivo  del Seminario estatal del sector de frutas y hortalizas de COAG. Tal y como se destaca en el documento de conclusiones, es necesaria una revisión profunda y urgente del sistema de gestión de crisis de la OCM del sector porque se está mostrando absolutamente ineficaz e inadecuado para la realidad del sector productor. Su escaso grado de utilización tras la reforma de la normativa comunitaria de 2007 ha puesto de manifiesto que se trata de una herramienta totalmente inútil para mejorar la posición de los productores en los mercados. Además, se puntualiza que “las organizaciones interprofesionales no pueden hacer frente a la gestión de los mercados en la actualidad, debido a las restricciones normativas y a las consideraciones de las autoridades de competencia”.

Además se subrayó que la competencia de terceros países es creciente y su competitividad hace peligrar el futuro de gran parte de las producciones hortofrutícolas del Estado, ya que soportan menores costes de producción, por no tener que cumplir los múltiples compromisos impuestos a  los agricultores europeos. “Las facilidades de acceso a los mercados de la UE son cada día mayores y los controles en aduana son laxos y no cumplen adecuadamente con su función de control ni en cantidad y calidad”, ha argumentado Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, a lo que ha añadió que “este sector es extremadamente sensible a las variaciones de los mercados. El nivel de ayudas públicas es mínimo y la rentabilidad de los hortofruticultores depende exclusivamente de los mercados. Pequeñas variaciones en la oferta y la demanda condicionan ampliamente la rentabilidad de las producciones”.

En este marco de apertura de mercados, es en el que se ubica la gestión y prevención de las crisis. “Dado que el mercado por sí sólo no regula y tiende a especular, favoreciendo a aquellos que tienen una posición ventajosa en el mismo, se hace necesaria una intervención concreta a través de instrumentos que sirvan para evitar y reaccionar ante las crisis de precios en los mercados”, recoge el documento de conclusiones en sus últimos párrafos.

Una de ellas, estará dedicada al Sector de Frutas y Hortalizas. La otra, al Seguro del Tomate de Invierno.

Dentro de la programación que COAG realiza a lo largo del año para celebrar Seminarios y Jornadas relativos a los asuntos más importantes para el sector agrario, desde mañana martes, día 22 de junio, se celebrarán en el Hotel Puerto Juan Montiel (Avda. Puerto Deportivo, 1. Playa de Poniente. Anteriormente, Hotel Don Juan) de Águilas, un Seminario Estatal del Sector de Frutas y Hortalizas, del que les adjuntamos el Programa.

El Seminario comienza a las 17:00 horas de la tarde de mañana martes, día 22 de junio, interviniendo en el Acto de Apertura Fernando Martínez López, Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Águilas; Andrés Góngora Belmonte, responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG; Joaquín Roldán Carbonero, presidente de COAG-IR Águilas y Pedro García Albert, Secretario de Agricultura de COAG Murcia.

El Acto de Clausura tendrá lugar el miércoles día 23, a las 14:15 horas, y en el mismo intervendrán Francisco Moreno García, Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia;  Francisco Parrilla Hernández, Director del Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en Murcia; Miguel Padilla Campoy, miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG y Pedro Lencina Lozano, Presidente de COAG-IR Murcia.

Con anterioridad a este Seminario, en la mañana del martes tendrán lugar unas Jornadas Divulgativas de Seguros Agrarios en las que abordará la problemática de “Los Seguros Agrarios Combinados para el Tomate de Invierno”. Dicha Jornada dará comienzo a las 10:15 horas y serán presentadas por el Responsable Estatal de Seguros Agrarios de COAG, Pedro García Albert y por Dorotea Rodríguez García, Jefa de Servicio de ENESA. Les adjunto el Programa de las mismas.

Reciban un saludo.

NOTA: Para mayor información, pueden hablar con:

Miguel Padilla (653 97 19 05)

Pedro Lencina (678 69 44 10)

Pedro García (653 97 10 04)

ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias se felicitan por la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Morosidad

De forma unánime, el Pleno del Congreso ha dado hoy luz verde a una reforma que contempla unos plazos de pago máximos obligatorios de 30 días para los productos frescos y perecederos y de 60 para los no perecederos.

Hasta el momento, los plazos de pago en España duplicaban los de Francia y Alemania y triplicaban los de Dinamarca o Suecia, un serio lastre para la competitividad y liquidez de nuestras explotaciones agrarias y cooperativas.

El sector insta a las Comunidades Autónomas a que garanticen el control y aplicación efectiva de la nueva normativa.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por unanimidad la reforma de la Ley de Morosidad que recoge prácticamente todas las propuestas que durante 3 meses ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han ido presentando y defendiendo ante los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente se ha eliminado la cláusula “salvo pacto entre las partes” solicitada por el sector para lograr una reforma estructural del tejido productivo y defender los intereses de las PYMES y de los autónomos. Durante el proceso de negociación ha quedado claro el desequilibrio existente en las relaciones comerciales entre empresas de algunos sectores, como el agroalimentario.

Con la nueva Ley, el plazo de pago para los productos frescos será de 30 días y de aplicación inmediata. Sin embargo, para el resto de productos se ha acordado un calendario progresivo de aplicación, hasta el punto de no retorno de 2013.

En España los plazos de pago real, que alcanzan los 101 días en operaciones comerciales entre empresas privadas y los 154 días en las relaciones comerciales con la Administración, duplican los plazos de pago de países como Alemania, Gran Bretaña y Francia y triplica y cuadriplica con respecto a países como Dinamarca o Suecia, lo que repercute muy negativamente en nuestra competitividad.

Además, fruto del trabajo de la unidad de acción de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, se ha modificado el cómputo del plazo de pago, que a partir de ahora será desde  la entrega de la mercancía y no desde la emisión de la factura. A ello se suma la obligatoriedad de documentar la operación de entrega y recepción.

Otra de las modificaciones más llamativas de la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores. Esta imposición supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos de pago que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa.

Lo único que no se ha llevado adelante es el establecimiento de un régimen sancionador para toda la cadena agroalimentaria. En la reforma aprobada se restablece el régimen sancionador de la Ley de Comercio Minorista, pero, a juicio del sector, para lograr una eficacia total de la Ley, se debería extender al resto de eslabones. El Congreso ha dejado la puerta abierta a un desarrollo de ese régimen sancionador en la Ley de Economía Sostenible.

En este sentido, ASAJA, COAG, UPA  y Cooperativas Agro-alimentarias instan a las Comunidades Autónomas a hacer un esfuerzo adicional para garantizar el control y la aplicación efectiva de la nueva normativa.

El Pleno del Senado ha aprobado la reforma de esta Ley, que contempla unos plazos de pago máximos obligatorios de 30 días para los productos frescos y perecederos y de 60 para no perecederos.

Todavía está pendiente de ratificarse por el Congreso, posiblemente la semana que viene.

Todos los grupos políticos en el Senado, a excepción del PSOE, han consensuado 11 enmiendas transaccionales, que han recogido prácticamente todas las propuestas que durante 3 meses ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han ido presentando y defendiendo ante los distintos grupos parlamentarios.

Finalmente se ha eliminado la cláusula “salvo pacto entre las partes” solicitada por el sector para lograr una reforma estructural del tejido productivo y defender los intereses de las PYMES y de los autónomos. Durante el debate quedo de manifiesto el actual desequilibrio existente en las relaciones comerciales entre empresas en algunos sectores, como el agroalimentario.

En España los plazos de pago real, que alcanzan los 101 días en operaciones comerciales entre empresas privadas y los 154 días en las relaciones comerciales con la Administración, duplican los plazos de pago de países como Alemania, Gran Bretaña y Francia y triplica y cuadriplica con respecto a países como Dinamarca o Suecia, lo que repercute muy negativamente en nuestra competitividad.

El plazo de pago para los productos frescos será de 30 días y de aplicación inmediata. Sin embargo, para el resto de productos se ha acordado un calendario progresivo de aplicación, hasta el punto de no retorno de 2013.

Fruto del trabajo de la unidad de acción de OPAS y Cooperativas Agro-alimentarias ha sido la modificación del cómputo del plazo de pago, que será a partir de la entrega de la mercancía y no desde la emisión de la factura. A ello se suma la obligatoriedad de documentar la operación de entrega y recepción.

Otra de las modificaciones más llamativas de la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores. Esta imposición supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos de pago que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa.

Lo único que no se ha llevado adelante es el establecimiento de un régimen sancionador para toda la cadena agroalimentaria. En la reforma aprobada se restablece el régimen sancionador de la Ley de Comercio Minorista, pero, a juicio del sector, para lograr una eficacia total de la Ley, se debería extender al resto de eslabones. Sin embargo, durante el debate se ha dejado la puerta abierta a un desarrollo de ese régimen sancionador en la Ley de Economía Sostenible

El próximo lunes, 7 de junio, Andrés Góngora, responsable estatal del sector de frutas y hortalizas, presenta en rueda de prensa en Almería los resultados de sus encuentros y la nueva información acerca del proceso de ratificación.

Durante los últimos tres días, el responsable de COAG ha mantenido reuniones con euro-parlamentarios de las comisiones de Agricultura y Comercio para solicitarles que no apoyen el acuerdo hasta que no se incluyan cláusulas sobre condiciones laborales, sociales y medioambientales en Marruecos y medidas compensatorias para los agricultores afectados.

El responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, finaliza hoy su semana de lobby en Bruselas contra la renovación del acuerdo de Asociación UE-Marruecos, pendiente de ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo tras el compromiso sellado entre ambas partes el pasado mes de diciembre.

Durante los últimos tres días, el representante de COAG se ha reunido con distintos euro-parlamentarios  que participan en las comisiones de Agricultura y Comercio Internacional para recabar su apoyo y solicitar que no se ratifique el acuerdo en la Eurocámara a menos que se incluyan cláusulas sobre condiciones laborales, sociales o medioambientales en Marruecos y medidas compensatorias para los productores afectados por la mayor apertura de los mercados con el reino alauita.

El miércoles 2 de junio, fue el turno del Partido Popular Europeo y del Grupo Socialista Europeo. Ayer, Góngora  se reunió con el grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, para por la tarde mantener encuentros con Esquerra Republicana – Grupo Verdes/ALE (Alianza Libre Europea) y  ALDE (Partido Europeo Demócrata Reformista y Partido Demócrata Europeo).

El próximo lunes, 7 de junio, el responsable estatal del sector de frutas y hortalizas de COAG, comparecerá en rueda de prensa en Almería para dar a conocer los resultados de su “gira” europea y la nueva información acerca del proceso de ratificación.