REUNIDOS
Por una parte, D. PEDRO LENCINA LOZANO, en representación de COAG-IR MURCIA, entidad domiciliada en Avda. del Río Segura, 7 – bajo. 30002 Murcia, y provista de CIF: G-30556864, en calidad de Presidente de la Organización Profesional Agraria y en el uso de las facultades que le confieren los Estatutos de la misma
Y de otra, D. ROBERTO BARCELÓ VIVANCOS, en representación de la Asociación Murciana de Consumidores y usuarios, CONSUMUR, en adelante, CONSUMUR, entidad domiciliada en la calle Arquitectos Francisco y Jacobo Florentín, nº 2- bajo, 30007 de Murcia, y provista de C.I.F G- 73279820, en su calidad de Presidente de la Asociación y en el uso de las facultades que le confieren el artículo 32 de la norma estatutaria de CONSUMUR.
Se reconocen ambas partes capacidad suficiente para suscribir el presente acuerdo, por lo que libre y voluntariamente
EXPONEN
Que considerando la actual situación del mercado de productos agrarios, dominado en su mayor parte por la gran distribución comercial.
Considerando que el funcionamiento actual de dicho mercado está contribuyendo a una injusta formación de los precios.
Considerando que los mayores afectados por la formación de estos precios son los dos eslabones de los extremos de la cadena (productor/a y consumidores)
Considerando que los precios pagados a los agricultores son tan bajos que, en ocasiones, no llegan a cubrir los costes de producción.
Considerando que los consumidores están pagando precios excesivos por los productos agrarios en relación a su calidad y a lo que percibe el agricultor/a o ganadero por ellos.
Considerando que hay indicios de acciones fraudulentas dentro del mercado que afectan directamente a consumidores y productor/a (dumping comercial, venta a pérdidas, etc.)
Considerando que no existe una información correcta y actualizada que permita estudiar en profundidad el proceso de formación del precio de dichos productos.
Considerando que la Administración Pública no está poniendo los medios suficientes para poner freno a esta situación.
Y considerando que mediante el trabajo conjunto y coordinado de las asociaciones de consumidores y las organizaciones de productores/as, se puede contribuir a la formación de precios justos para el agricultor/a y consumidor; a la vez que se contribuye, a través del consumo de los productos regionales, al mantenimiento del empleo y del tejido socioeconómico en nuestros territorios, tanto directamente relacionados con la producción agraria como el de todos los sectores auxiliares a esta producción, así como a la supervivencia de los pueblos y el mantenimiento del medio ambiente, evitando el abandono de las zonas rurales. Por lo que
PROPONEN
Las siguientes acciones y propuestas a realizar en el presente Acuerdo Marco de Colaboración entre la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, y la Organización Profesional Agraria COAG-IR Murcia:
1. Acciones a realizar
1.1. Establecimiento de procedimientos públicos para el conocimiento de los márgenes comerciales por parte de los distintos agentes económicos intervinientes en la formación de los precios.
1.2. Conocer las circunstancias explicativas de la formación de los precios, así como el análisis del grado de competencia de los distintos intermediarios en la distribución, lo que podría ser muy útil tanto para consumidores como para productor/a.
1.3. Promoción conjunta de los beneficios nutricionales del consumo de frutas y hortalizas.
1.4. Promover que el consumidor compare precios y adquiera sus productos agroalimentarios en los establecimientos donde le ofrezcan una mejor calidad/precio, entre ellos los que posean los propios productores/as.
1.5. Creación de un panel público interactivo de precios agrarios a través de un portal informático (pagina Web), con información actualizada de distintos puntos de venta sobre precios en origen y de venta al público.
1.6. Realización de campañas informativas en las que se expliquen a los consumidores los distintos eslabones por los que los productos transcurren, desde su origen hasta que llega al consumidor.
1.7. La agrupación de la oferta a través de cooperativas/organizaciones de agricultores con una vinculación de la oferta a la venta en el mercado local o, por lo menos, interno; se trataría de incorporar valor añadido (procedente de la comercialización a los productos agrarios). De esta forma los productores/as, a través de las Cooperativas, estarían capacitados para negociar con grupos industriales y empresas de distribución fuertemente concentrados en auténticos cárteles.
1.8. Apoyo a iniciativas de comercialización directa de los productos desde las asociaciones de agricultores/as (OPFH, Cooperativas, etc.) a las de consumidores (Venta Directa Asociativa) Analizar la viabilidad de la puesta en marcha de centros de distribución y venta directa de dichos productos agroalimentarios (AGROTIENDAS), gestionados por las propias empresas de comercialización en contacto directo con los consumidores.
1.9. Vigilancia conjunta de la presentación de los productos agrarios en las grandes superficies, asegurándose que se cumplan los derechos de los consumidores en cuanto a información sobre procedencia, calidad, precio, propiedades, etc. de los productos que compra.
1.10. Fomento del consumo de productos ecológicos y de producción integrada respetuosos con el medio ambiente, así como labores de difusión de la importancia de la seguridad alimentaria en la cadena de producción.
1.11. Realización de Campañas de Sensibilización conjuntas con el objetivo de concienciar a los consumidores de las injusticias provocadas por los precios, de lo poco que participan de él agricultores/as y ganaderos, y lo elevados que son, en proporción, para el consumidor.
1.12. Hacer un llamamiento a nuestras respectivas entidades para que, tanto en el ámbito del Estado Español como en el de las distintas Comunidades Autónomas, impulsen mecanismos de colaboración entre consumidores y productores/as.
2. Propuestas a defender de manera conjunta
2.1. Control del dumping comercial mediante el cual grandes empresas realizan prácticas comerciales de venta de productos agrarios por debajo de costes de producción pudiendo afectar a derechos básicos del consumidor (información, seguridad, protección de sus intereses económicos…)
2.2. Denuncias conjuntas de prácticas comerciales fraudulentas que se aprecien en el mercado y que afecten directamente a los intereses de los consumidores y/o de los productores/as.
2.3. Establecimiento de procedimientos de mejora en la recogida de precios que constaten éstos en los distintos niveles del proceso comercial así como una rápida y puntual difusión de los mismos. Realización de estudios que analicen la formación de precios en la cadena agroalimentaria (desde el productor/a hasta el consumidor)
2.4. También proponemos la mejora del conocimiento de los mercados de los productos españoles fomentando estudios y favoreciendo la creación de una red de información comercial que identifique los puntos críticos que impiden un mejor desarrollo de los mercados.
2.5. Diálogo fluido de las Organizaciones de Consumidores y Organizaciones de Productores/as con las Administraciones y con los representantes empresariales para abordar el problema de los precios.
2.6. Revitalización de un Observatorio de precios que refuerce la presencia de las Organizaciones de Consumidores y que tenga capacidad de proponer y ejecutar medidas de carácter vinculante, con la posibilidad de instar al servicio de defensa de la competencia a que investigue el mercado de ciertos productos agrarios y ganaderos.
2.7. Creación de una Ley de Comercio de Productos Agropecuarios que contemple una Comisión de Examen de Prácticas Comerciales y una mayor participación de los productor/a en la cadena agroalimentaria y en el valor de los productos, y de los consumidores, en la información comercial de dichos productos.
2.8. Una apuesta decidida de la Administración pública y del sector cooperativo por la agricultura ecológica, la calidad y la seguridad alimentaria, de tal forma que se ofrezca a los consumidores los mejores productos.
2.9. Políticas que fomenten la estabilidad del mercado de tal forma que todos los miembros de la cadena puedan desarrollar su actividad correctamente.
2.10. Reforzar el control de las importaciones de los productos procedentes de otros países, para comprobar los condicionantes de calidad y seguridad, y la no utilización de productos prohibidos en la UE. Análisis de la problemática relativa a que los precios percibidos por los agricultores/as y ganaderos son inferiores a los del resto de países comunitarios.
2.11. Mejora de los mercados de origen, fomentando la normalización de los productos y el apoyo a la innovación tecnológica y comercial. Revitalizar los mercados locales, tanto en las grandes como en pequeñas ciudades y pueblos.
2.12. Implantación del doble etiquetado (precios origen/precios destino para una mejor información al consumidor, favoreciendo que la disminución de precio en origen se traslade de inmediato al consumidor, como así ocurre con los incrementos)
Y, en prueba de conformidad de las partes implicadas, suscriben el presente Acuerdo Marco de Colaboración a un solo efecto y por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
El próximo domingo día 7 de marzo en el Bar Pipa a las 05:45 horas, saldrá un autobús para participar en la concentración que se llevará acabo en Granada con motivo de la Reunión del Consejo de Europa; en protesta por el acuerdo firmado entre la UE y Marruecos en diciembre. Las organizaciones convocantes reclaman la puesta en marcha de controles efectivos en frontera para evitar la entrada indiscriminada de hortalizas procedentes de países terceros, en especial de este país norteafricano, así como el respeto de unas condiciones sociolaborales y fitosanitarias idénticas a las comunitarias.
El PIB por ocupado de la rama agraria es el 60% del PIB medio total; el periodo de cotización medio más elevado, (entre 40-45 años), y las pensiones un 44% más bajas que el resto y el esfuerzo físico que requiere la labor agraria, justifican este apoyo a la movilización.
COAG lamenta que el dinero público se utilice para denostar la imagen de nuestra apicultura con estudios simplistas y carentes de rigor. Ante ello, se ha pedido por carta al Ministerio la retirada de esta publicación. “Lejos de ayudar a avanzar en la vertebración del sector y a la mejora de la comercialización de los productos apícolas, se profundiza en la descalificación injustificada de un sector cuyo máximo valor, además de obtener mieles y polen de excelente calidad, es la de garantizar a la sociedad un servicio medioambiental de primera magnitud al facilitar el mantenimiento de la biodiversidad mediante la polinización que realizan las abejas”, ha apostillado José Luis González, responsable del sector apícola de COAG.
COAG lo había solicitado en un extenso informe que remitió al Ministerio de Economía y que, afortunadamente, ha sido considerado por el mismo.
