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IU verdes Jumilla: Los presupuestos de la CARM 2018 recogen otro año mas de recortes a los servicios públicos y al bienestar de los ciudadanos

 
 

IU Verdes ha valorado los presupuestos regionales para el 2018, indicando que para el 2018 se augura otro año mas recortes en los servicios públicos y por ende al bienestar de los ciudadanos.

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NOTA DE PRENSA

Como años atrás, los presupuestos de la C.A.R.M. castigan a los Ayuntamientos de la Región y reflejan el resultado de la política del PP contraria a la descentralización de servicios, y a dotar de financiación suficiente a los municipios para que puedan desplegar los servicios básicos y que propician una cobertura necesaria y fundamental para la ciudadanía. Porque su apuesta es por la gestión privada de dichos servicios, y es contraria también a compartir parcelas de gobierno y poder con la administración más cercana al ciudadano como son los Ayuntamientos.

La financiación local no sólo se mantiene alejada de lo que fue en momentos anteriores a la crisis, sino que además como entidades prestadoras de servicios, los Ayuntamientos reciben menos financiación por parte de la C.A.R.M., que empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro.

Así, para 2018 se prevén transferencia al Sector Público Local por valor de 90’5 millones de euros, 58’7 millones de transferencias corrientes y 31’8 de transferencias de capital para distintas inversiones, mientras, las empresas privadas recibirán un total de 141’5 millones e instituciones sin ánimo de lucro, 404 millones; entre estas se encuentran los nuevos conciertos educativos, por ejemplo.

Como dato de referencia habría que decir, que por estos mismos conceptos y con un presupuesto global menor, el presupuesto de 2008, año anterior al comienzo de la crisis, contemplaba un total superior a los 200 millones de transferencias a los ayuntamientos y para 2018 será de 90 millones €.

El Plan de Cooperación Local sigue estando muy lejos de lo que fue hasta el ejercicio presupuestario de 2011 en que se dotó con 45.681.764 €, habiendo llegado a alcanzar más de 54 millones en 2009. No obstante, se incluye nueva dotación para Pedanías (2 millones), que no recupera el antiguo Plan de Pedanías, Barrios Periféricos y Deprimidos para poblaciones de más de 50.000 habitantes, que llegó aestar dotado con 6’6, 13’1 y 4’5 millones en 2010/11/12, respectivamente; y un leve incremento de la ayuda que se destina al Fondo de Financiación de las Corporaciones Locales para ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que pasa a 1.200.000 € (+100.000 €). Migajas presupuestarias.

Sin embargo, la cuantía destinada al Plan de Obras y Servicios se congela, dotándola de nuevo con 6 millones de euros, y siguen desaparecidas, un año más, otras partidas importantes de este programa como las partidas destinadas al FONDO DE FINANCIACIÓN LOCAL, para ayuntamientos de entre 5.000 y 50.000 habitantes,que se repartían: entre el Fondo Regional de Cooperación Local, que incluía transferencias para inversiones en los municipios tales como ayudas a Ayuntamientos para Rehabilitación y construcción de dependencias municipales, ayudas para el alumbrado público, ayudas para Mejoras de vías municipales o para construcción y mejora del alcantarillado público o partidas para “Inversión y Desarrollo Sostenible Local y Urbano; y entre la Caja de Cooperación Local, que incluía fondos para Subvenciones a Ayuntamientos para ayuda al gasto corriente e inversiones y otros gastos no incluidos en otros programas. Las partidas destinadas a este Fondo han pasado de casi 23 y 27 millones respectivamente en 2010 y 2011, a 0 millones desde 2012.

Así pues, seguimos en situación de recorte brutal, a pesar de unos ligeros aumentos presupuestarios que para nada pueden ocultar la “racanería financiera” de la C.A.R.M. con respecto a los Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos siempre han sido piezas importantes en el Fomento del Empleo Público a nivel local, ligado al desarrollo de programas diversos que proporcionaban experiencia laboral, sobre todo a jóvenes, tan necesaria en la búsqueda de otros empleos en el sector privado y que también cubrían necesidades propias municipales para aumentar, completar y mejorar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo, la política de empleo del PP ha ido dejando cada vez más de lado a los Ayuntamientos en estas funciones, delegando esta competencia hacia la empresa privada, fundamentalmente. En este caso no se trata sólo de un recorte presupuestario sino la constatación de una orientación política clara del PP que desprecia cada vez más la colaboración y participación del sector público en la creación de empleo.

Los presupuestos destinados a Servicios Sociales de los Ayuntamientos aumentan en total 0’7 millones, lo mismo que aumentan globalmente los presupuestos, lo que supone su congelación, teniendo además en cuenta que en 2016 quedó un millón sin ejecutar. En cualquier caso, sigue siendo menor que el de 2012 (después incluso de ser recortado por el ajuste presupuestario que tuvo que hacer el gobierno regional para el control del déficit público en julio de ese mismo año) quedando ahora en 12.144.720 €. Por tanto, no puede presumirse precisamente de haber incrementado los presupuestos para servicios sociales.

Se mantiene sin incremento la partida para Pobreza Energética, cuando esta asciende en nuestro país año tras año, desgraciadamente, siendo enormemente mayores las necesidades de los Ayuntamientos para cubrir ayudas al alquiler social y pago de otros suministros como el agua potable, luz, por ejemplo. Pero es especialmente llamativo como el presupuesto de prevención contra la Violencia de género sigue estando casi tres veces inferior a 2008, cuando por el contrario los crecimientos de las cifras de denuncias por maltrato aumentan extraordinariamente en nuestra Región. Y se desatiende una vez más la prevención en jóvenes. Esta actuación en materia presupuestaria del gobierno regional contradice las intenciones manifestadas, a través de la consejera de Familia e Igualdad, de promover un pacto regional contra la violencia de género, lo que demuestra una vez más la poca credibilidad de las políticas sociales del PP.

En definitiva, son presupuestos continuistas en la línea de no asumir la responsabilidad constitucional de contribuir de manera suficiente a la financiación local. Es imprescindible aprobar una Ley de Financiación Local autonómica que fije una distribución de recursos económicos a los Ayuntamientos de manera permanente, tal como mandata la propia Constitución española en su artículo 142.

Artículo 142

La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

El cumplimiento íntegro de este artículo es la única forma de romper la orientación de neoliberalismo radical de la política del PP que menosprecia a los Ayuntamientos situándolos en un nivel ínfimo de participación en la administración de fondos públicos para impulsar los servicios ciudadanos, (provocando y precipitando su colapso para justificar su externalización y/o privatización) y prima la participación y la derivación de fondos a empresas privadas para la gestión de dichos servicios. La proporción es de 90’5 millones a los Ayuntamientos por 545`5 millones para el resto de las entidades.

El desarrollo de la Ley de Financiación Local garantizaría también el cumplimiento de la ejecución presupuestaria que actualmente dista mucho de ajustarse a lo presupuestado, lo que infra-financia, aún más si cabe, a los Ayuntamientos. Las partidas aprobadas en la ley de presupuestos no se ejecutan en su totalidad, tanto en los grandes programas de gasto como en otros de menor cuantía. Lo que denota una vez más la mala gestión económico-financiera del gobierno regional del PP  que pone gravemente en peligro el bienestar social y el progreso de los ciudadanos de la Región de Murcia.

 
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